Los cambios de política propuestos por la administración de Trump sobre diversas protecciones para inmigrantes indocumentados han generado un sentimiento de incertidumbre y temor para muchos, en particular para quienes anteriormente se beneficiaron de programas humanitarios como el TPS, DACA, visas U y visas T. Estos programas han ofrecido alivio y estabilidad cruciales para poblaciones vulnerables, pero bajo la próxima administración de Trump, esperamos restricciones severas o la eliminación de estos programas.
Estatus de Protección Temporal (TPS):
El Congreso estableció el TPS como un beneficio legal bajo la Ley de Inmigración de 1990, firmada por el presidente republicano George H. W. Bush. El Secretario de Seguridad Nacional tiene la autoridad para designar países con TPS, ofreciendo protecciones legales y autorización de empleo a nacionales de países designados como inadecuados para el retorno debido a diversas condiciones extraordinarias, incluidos conflictos y desastres naturales. Esto significa que muchos beneficiarios de TPS han estado en Estados Unidos de manera legal y trabajando con autorización durante más de 30 años.
Actualmente, dieciséis (16) países están designados para TPS, incluidos Afganistán, Birmania (Myanmar), Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen.
La primera administración de Trump intentó poner fin al TPS para ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras, pero la rescisión de los beneficios de TPS fue detenida en los tribunales y luego revocada por la administración Biden.
Es probable que veamos a la administración de Trump avanzar con la rescisión del TPS y la revocación de los Documentos de Autorización de Empleo asociados (EAD o permisos de trabajo) para muchos, si no todos, los países actualmente protegidos. Si el TPS es revocado por completo, esto afectará a casi 700,000 personas que viven y trabajan en Estados Unidos, creando otra carga enorme para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expulsar a estas personas del país.
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA):
La primera administración de Trump intentó poner fin a DACA, pero la rescisión completa de DACA no tuvo éxito debido a desafíos judiciales.
Si la administración de Trump no puede rescindir DACA por completo esta vez, su plan es eliminar el tiempo de personal dedicado al procesamiento de solicitudes de renovación de DACA, poniendo así fin a las protecciones de DACA para más de 500,000 Dreamers.
Programas de Visas U y T:
Los programas de visas U y T brindan estatus no inmigrante legal y eventualmente una vía hacia la residencia permanente para víctimas de ciertos delitos y de trata de personas, si han ayudado en la investigación y/o enjuiciamiento del delito. Bajo el Proyecto 2025, la administración restringirá los criterios de elegibilidad para el estatus U y T a los solicitantes que estén ayudando activamente con la investigación o enjuiciamiento de un delito calificativo o de un delito de trata en el momento de presentar la solicitud y en el momento en que la solicitud sea finalmente revisada y adjudicada por el servicio de inmigración. Con tiempos de procesamiento de visas U que alcanzan de 10 a 12 años debido a los atrasos de visas, será casi imposible que los solicitantes cumplan con el criterio de participación activa tanto al momento de presentar la solicitud como al momento de la adjudicación.
Aunque el destino de estos programas humanitarios de inmigración sigue siendo incierto, cualquier cambio en la política será enfrentado con desafíos legales y esfuerzos de defensa. Las comunidades de inmigrantes deben mantenerse informadas y buscar asesoría legal calificada y competente para comprender sus derechos y navegar el cambiante panorama de las leyes de inmigración en Estados Unidos.
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