Como vimos durante la primera administración de Trump, es probable que volvamos a ver la implementación de entrevistas obligatorias en todos los casos de residencia permanente legal (tanto basados en familia como en empleo) y una disminución en los recursos críticos de las agencias dedicados a la revisión y adjudicación de casos, lo que llevará a tiempos de procesamiento más largos.
Veremos cambios en las directivas discrecionales para los adjudicadores de agencias, dirigiendo a los funcionarios de inmigración a negar casos en el ejercicio de su discreción con mayor frecuencia.
Es probable que veamos una reducción en el periodo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD), que actualmente es de cinco (5) años para muchas categorías. Una reducción en el periodo de validez obligará a quienes califiquen para EAD temporales a solicitar más frecuentemente, sobrecargando los recursos de la agencia e incrementando los tiempos de procesamiento.
Además, el Proyecto 2025 solicita que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) “pausen” la aceptación de solicitudes cuando la agencia determine que su acumulación de casos se ha vuelto “excesiva,” allanando el camino para que USCIS detenga por completo el procesamiento de solicitudes.
Finalmente, podríamos ver una directiva que requiera que la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) apruebe todos los beneficios de inmigración antes de su emisión. A primera vista, este requisito puede parecer relativamente benigno; sin embargo, FDNS completa generalmente alrededor de 35,000 casos al año; en contraste, USCIS adjudica entre 8 y 9 millones de solicitudes cada año. Exigir que FDNS dé la aprobación final en todas las solicitudes de beneficios de inmigración llevaría efectivamente a un colapso total de nuestro sistema de inmigración basado en familia y empleo (es decir, nuestro “sistema de inmigración legal”).
¿Qué puede hacer para prepararse para la segunda administración de Trump? Actúe ahora.
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